Compliance

La Ley N° 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y permite eximir o atenuar esa responsabilidad cuando la empresa ha implementado un modelo de prevención de delitos eficaz. La Ley N° 21.595, sobre delitos económicos, amplió de forma significativa el catálogo de delitos que pueden imputarse a la empresa, lo que hace que el modelo sea relevante para organizaciones de todo tamaño y no solo para las grandes. Más que un documento, el modelo debe ser operativo y trazable: matriz de riesgos, encargado de prevención, canal de denuncias, capacitación y controles aplicados en el día a día. Evaluar su necesidad es hoy una decisión de gestión de riesgo, no solo de cumplimiento formal.

La Ley N° 21.595 reordenó y endureció el tratamiento de los delitos económicos y ambientales, estableció un régimen propio de penas y amplió de manera importante el catálogo de ilícitos que pueden generar responsabilidad penal de la persona jurídica bajo la Ley N° 20.393. Su entrada en vigencia es escalonada. En la práctica, esto significa que muchas conductas de la operación cotidiana de una empresa pasan a quedar dentro del ámbito de riesgo penal, por lo que los modelos de prevención deben revisarse y actualizarse para cubrir el nuevo catálogo. Ignorar este cambio deja a la empresa expuesta a sanciones que antes no la alcanzaban.

La Ley N° 21.719 moderniza la protección de datos personales, crea la Agencia de Protección de Datos Personales y entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026. Las empresas que tratan datos deberán contar con una base de licitud para cada tratamiento, llevar un registro de actividades, realizar evaluaciones de impacto cuando corresponda, suscribir contratos con sus encargados, notificar las brechas de seguridad y, en ciertos casos, designar un delegado de protección de datos. Las multas pueden ser elevadas. Conviene usar el tiempo previo a la entrada en vigencia para diagnosticar la situación de la empresa y adecuar sus procesos antes del plazo.

La Ley N° 21.643 obliga a toda empresa a integrar a su reglamento interno un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, a habilitar un canal de denuncias y a llevar adelante investigaciones con debido proceso, confidencialidad y plazos definidos, además de adoptar medidas de resguardo para la persona afectada. Desde la perspectiva de compliance, esto implica documentar el protocolo, capacitar a las jefaturas, registrar las denuncias y acreditar que la empresa actuó conforme a la ley. Un cumplimiento solo nominal no protege: ante una fiscalización o una demanda, lo que se evalúa es la aplicación efectiva del protocolo.

El canal de denuncias es un mecanismo que permite a trabajadores y terceros reportar de forma segura y confidencial conductas irregulares, como hechos que puedan constituir delito, fraudes internos o situaciones de acoso. Es una pieza central del modelo de prevención de la Ley N° 20.393 y de los deberes de la Ley N° 21.643, y debe garantizar la confidencialidad del denunciante y la prohibición de represalias. Más allá de la exigencia legal, un canal bien gestionado permite detectar y corregir problemas a tiempo, antes de que escalen a sanciones o a un conflicto judicial. Su valor depende de que las denuncias se investiguen y resuelvan con seriedad.

Sin un modelo de prevención eficaz, la empresa queda más expuesta a la responsabilidad penal de la persona jurídica de la Ley N° 20.393, ampliada por la Ley N° 21.595 sobre delitos económicos. Esa responsabilidad puede traducirse en multas, comiso, prohibiciones para contratar con el Estado e incluso, en casos graves, la disolución de la persona jurídica. A ello se suman los efectos reputacionales y la pérdida de la posibilidad de invocar el modelo como eximente o atenuante. Contar con un modelo operativo y trazable no solo reduce el riesgo penal, sino que ordena la gestión y facilita relaciones comerciales que cada vez más exigen estándares de cumplimiento.