Derecho Comercial y Societario

Depende del número de socios, del giro, del riesgo y de cómo quiera repartir utilidades y administración. Las opciones más usadas son la sociedad por acciones (SpA), muy flexible y habitual para emprendimientos y entrada de inversionistas; la sociedad de responsabilidad limitada, tradicional y de gestión sencilla; la empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL), para un solo titular; y la sociedad anónima de la Ley N° 18.046, pensada para estructuras más grandes o con muchos accionistas. La elección incide en impuestos, responsabilidad y futuras rondas de inversión, por lo que conviene definirla antes de constituir.

Hay dos caminos. El régimen simplificado de la Ley N° 20.659 (el llamado “empresa en un día”) permite constituir, modificar y disolver la mayoría de las sociedades mediante un formulario electrónico firmado en el Registro de Empresas y Sociedades, sin escritura pública, de forma rápida y de bajo costo. El régimen tradicional, mediante escritura pública, inscripción en el Registro de Comercio y publicación en el Diario Oficial, sigue siendo necesario o recomendable en ciertos casos, como las sociedades anónimas o estructuras complejas. La elección del camino depende del tipo de sociedad y de los pactos que se quieran incorporar.

Es un acuerdo entre los socios o accionistas que regula la relación entre ellos más allá de lo que dicen los estatutos. Suele establecer reglas sobre la administración y la toma de decisiones, los quórum para materias relevantes, la entrada y salida de socios, las restricciones a la venta de participaciones (como derechos preferentes o de arrastre y acompañamiento), la distribución de utilidades y los mecanismos de solución de conflictos. Un buen pacto previene bloqueos y disputas futuras, sobre todo cuando ingresan inversionistas o conviven socios con distintos roles. Conviene redactarlo al inicio, cuando hay buena relación entre las partes.

Primero se revisa lo pactado: los estatutos y el pacto de accionistas suelen contener reglas de quórum, mayorías y mecanismos para destrabar desacuerdos. Cuando esos mecanismos no bastan, muchos conflictos societarios se resuelven por arbitraje, que en numerosos estatutos es la vía obligatoria, y en su defecto ante los tribunales ordinarios. Según el caso, puede discutirse la responsabilidad de los administradores, la impugnación de acuerdos, la exclusión o salida de un socio, o incluso la disolución de la sociedad. Una intervención temprana, con buena documentación de los hechos, suele evitar que el conflicto paralice la empresa.

Antes de cerrar la operación conviene hacer una revisión legal (due diligence) que confirme qué se está comprando y qué riesgos se asumen. Se revisan, entre otros, la constitución y vigencia de la sociedad, la titularidad de las participaciones, los contratos relevantes, las deudas y garantías, la situación laboral y previsional, los permisos y el cumplimiento tributario y regulatorio, además de juicios o contingencias pendientes. Los hallazgos permiten ajustar el precio, exigir garantías o declaraciones del vendedor, o incluso desistir. Esta revisión, junto con un contrato de compraventa bien redactado, es la mejor protección del comprador.

Más allá de constituirse, una empresa debe mantener su operación en regla. Esto incluye llevar la contabilidad y los libros que exige la ley, cumplir las obligaciones tributarias ante el Servicio de Impuestos Internos, mantener al día las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, y respetar las normas propias de su giro y de protección al consumidor. Las sociedades anónimas de la Ley N° 18.046 tienen además deberes de gobierno corporativo, como juntas de accionistas y deberes de los directores. Mantener estos cumplimientos al día, idealmente con asesoría permanente, reduce multas y conflictos y facilita el acceso a financiamiento y a nuevos negocios.