El cliente desconoce operaciones de su cuenta, el banco le restituye y después lo demanda ante el Juzgado de Policía Local alegando dolo o culpa grave. Entre agosto y octubre de 2026 la Corte Suprema reiteró que esa culpa la prueba el banco y precisó qué no basta para darla por establecida. Los mismos fallos explican en qué casos el banco sí gana.
El 29 de octubre el Poder Judicial informó una cifra que resume bien el estado de la cuestión. En el Juzgado de Policía Local de San Carlos, en Ñuble, ingresaron 90 demandas de la Ley N° 20.009 hasta 2025: 6 en 2022, 13 en 2023, 16 en 2024 y 55 durante 2025. De esas 90, 82 fueron desestimadas por no probarse el dolo o la culpa grave del usuario, 5 terminaron en avenimiento y solo en 3 se acogió la pretensión del banco.
Es un solo juzgado, pero la cifra coincide con lo que viene resolviendo la Corte Suprema. En dos sentencias dictadas entre agosto y octubre de este año, el máximo tribunal reiteró que la culpa grave del cliente la tiene que probar el banco, y precisó qué no basta para darla por establecida: haber pinchado un link, haber digitado un código o haber caído en una estafa bien armada.
Este análisis recorre esos fallos y uno reciente de la Corte de Apelaciones de Santiago, explica cómo llegan estas causas a la Corte Suprema y se detiene en lo que suele omitirse: los casos en que el banco gana. Lo inmediato tras un fraude (el aviso, la denuncia, los plazos de restitución) está en nuestra guía sobre qué hacer ante un fraude bancario.
¿De qué tipo de juicio estamos hablando?
El esquema se repite. El cliente desconoce operaciones de su cuenta o tarjeta, avisa y reclama, y el banco restituye dentro de los plazos legales. Después, si estima que hubo dolo o culpa grave, lo demanda ante el Juzgado de Policía Local para que se declare esa culpa y se le devuelva lo restituido.
La víctima pasa así a ser la demandada, y lo que se discute ya no es si hubo fraude, sino si el cliente fue tan descuidado que la ley lo hace cargar con la pérdida.
¿Qué es la culpa grave según la ley?
La define el Código Civil en su artículo 44: es la que consiste en no manejar los negocios ajenos “con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”. El mismo artículo agrega que esta culpa, en materias civiles, equivale al dolo. La Corte Suprema lo recordó en la causa Rol N° 14.463-2026 (considerando séptimo).
La vara, entonces, no es la del cliente cuidadoso, sino la del descuidado: hay culpa grave cuando el usuario omite incluso el cuidado mínimo que una persona negligente pone en sus propios asuntos. Un error, o algo que mirado después pudo hacerse mejor, no alcanza.
Ese estándar está en discusión. El mensaje del proyecto de reforma al mercado de capitales conocido como MK4 proponía rebajarlo a culpa leve, con lo que al banco le habría bastado acreditar un descuido corriente. La Cámara despachó el proyecto al Senado sin esa modificación, según el oficio del 27 de octubre con que comunicó el texto aprobado. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la había planteado como prioridad, así que podría volver por indicación.
¿Quién tiene que probarla?
El banco. Es el primer criterio de los dos fallos de la Corte Suprema y el que ordena todo lo demás.
La Corte sostuvo que en los fraudes las reglas sobre la carga de la prueba “operan de manera distinta a las reglas generales”, y que el emisor solo se libera de restituir si acredita el dolo o la culpa grave del usuario (Rol N° 55.219-2025, considerando séptimo; Rol N° 14.463-2026, considerando sexto). No es el cliente quien debe demostrar que fue diligente.
La segunda pieza es cómo se valora lo que el cliente declara. En el caso de Banco Santander, la Corte de Santiago había construido la negligencia sobre el solo reconocimiento del cliente de haber pinchado un link, omitiendo que también negó haber entregado sus claves y su tarjeta de coordenadas. Para la Corte Suprema, eso generó “una inversión de la carga de la prueba en perjuicio del cuentacorrentista” (Rol N° 55.219-2025, considerandos noveno a undécimo). En el caso de Banco Itaú reprochó una “valoración parcial” del testimonio de la clienta, que consideró “sólo aquella parte que la perjudica” (Rol N° 14.463-2026, considerando sexto).
La consecuencia práctica es directa: la declaración del usuario se pondera en su globalidad. El juez no puede tomar la frase que incrimina y descartar la que exculpa.
¿Apretar un link o digitar un código es culpa grave?
No por sí solo. Los dos fallos de la Corte Suprema lo muestran desde ángulos distintos.
El link (Banco Santander). El cliente recibió un mensaje de texto, pinchó el link y, según declaró, no entregó sus claves ni su tarjeta de coordenadas. Después se hicieron seis transferencias por $2.098.162 a un destinatario nuevo. El Juzgado de Policía Local de Colina rechazó la demanda del banco; la Corte de Santiago la acogió. El 6 de octubre de 2026, la Corte Suprema acogió el recurso de queja, dejó sin efecto la sentencia de la Corte de Santiago y confirmó la de primera instancia.
El código (Banco Itaú). La clienta fue víctima de una estafa telefónica y digitó el código que le enviaron. En primera instancia fue condenada a restituir $1.168.252 al banco, y la Corte de Santiago confirmó la condena. El 31 de agosto de 2026, la Corte Suprema rechazó la queja, pero invalidó de oficio el fallo y rechazó la demanda. Razonó que esa defraudación “otorga una aparente normalidad a la operación” y que la modalidad “no parece haber sido especialmente puesta en conocimiento de los clientes del banco”; con eso estimó feble la prueba para atribuir culpa grave (considerando séptimo). La actuación de oficio se acordó con el voto en contra de la ministra Mireya López y de la abogada integrante Pía Tavolari.
De ahí sale el tercer criterio: una estafa sofisticada no alcanza a ser culpa grave del usuario, en particular si el banco no había advertido a sus clientes sobre esa modalidad. Que el cliente haya intervenido dice poco, porque en casi todo fraude por engaño interviene; lo que importa es si actuó sin el cuidado mínimo.
Si el cliente no intervino en absoluto, porque le cambiaron el chip y los códigos llegaron directo al delincuente, rigen otras reglas y hay un segundo responsable posible; lo tratamos en Me cambiaron el chip y me sacaron plata del banco.
¿Qué pasa si el banco no detectó la operación sospechosa?
Que su demanda se debilita. El deber de seguridad del banco entra en el análisis, aunque el juicio lo haya iniciado él.
La Ley N° 20.009 exige a los emisores, en su artículo 6, contar con sistemas de monitoreo que permitan detectar las operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del usuario. En el caso de Banco Santander hubo seis transferencias en un lapso muy breve a un destinatario nuevo, y el banco no adoptó ninguna medida; tampoco ordenó enviar la clave dinámica al celular del cliente. Para la Corte Suprema, el banco “no cumplió con su obligación mínima de seguridad” (Rol N° 55.219-2025, considerando duodécimo).
La Corte de Apelaciones de Santiago aplicó la misma lógica en un fallo que hasta ahora se conoce solo por la prensa. En la causa Rol N° 305-2024, resuelta por su Quinta Sala el 19 de octubre de 2026, una clienta de Banco de Chile desconoció un cargo de $5.793.841. Según la cobertura de prensa, entre ella la nota publicada el 27 de octubre, el sistema del banco no generó alertas pese al monto, a la dirección IP no habitual y al destinatario atípico, circunstancias que reconocía el propio informe de fraude del banco. La Corte revocó la sentencia del Juzgado de Policía Local de Colina, que había condenado a la clienta a pagar 35 UF, rechazó la demanda y ordenó al banco cancelar o restituir a la clienta el exceso sobre esas 35 UF.
¿Cuándo gana el banco?
Conviene no leer estos fallos como si el cliente ganara siempre. En San Carlos se acogieron 3 de 90 demandas, y en los últimos dos años se han publicado varias sentencias que dieron la razón al banco. En todas, el banco probó algo más que la intervención del cliente.
- Aviso tardío. En la causa Rol N° 2507-2022, informada en marzo de 2025, la Corte de Santiago revocó el fallo del Primer Juzgado de Policía Local de Recoleta y atribuyó culpa grave a un usuario cuya aplicación estaba bloqueada desde el 26 de octubre de 2021 y que recién tomó resguardos el 29, sin pedir el bloqueo de sus medios de pago. La Corte calificó la demora de inexplicable. Hubo un voto en contra.
- Claves en una página falsa, sin falla del banco. En la causa Rol N° 3496-2024, informada en junio de 2025, la Corte de Santiago acogió la demanda contra un usuario que reconoció haber ingresado sus claves en un sitio web fraudulento, con un informe técnico que descartaba fallas en los sistemas del banco.
- Tarjeta y claves en manos de un tercero. En la causa Rol N° 2737-2022, informada en mayo de 2025, se estimó culpa grave porque, según reconoció la propia titular, las operaciones las hizo su hija con la tarjeta y las claves. En la causa Rol N° 2133-2023, informada en julio de 2026, se condenó a un cliente a devolver 35 UF a Banco Santander por haber permitido a terceros el uso de su tarjeta y su clave.
Y la propia Corte Suprema, en febrero de este año, dio por establecida la culpa grave de una empresa respecto de la primera de tres transferencias, aunque no de las otras dos; lo comentamos en la guía de julio. De ahí que la culpa grave se examine operación por operación.
Ninguno de estos fallos se aparta de la línea de la Corte Suprema: cuando el banco acredita un descuido mayor que el de cualquier víctima de un engaño, la ley le permite recuperar lo restituido.
Los fallos, en una tabla
| Tribunal y rol | Fecha | Banco | Conducta del usuario | Resultado | Criterio |
|---|---|---|---|---|---|
| Corte Suprema, Rol N° 55.219-2025 | 6 de octubre de 2026 | Santander | Pinchó un link por SMS; negó entregar claves y coordenadas | Rechaza la demanda | Carga de la prueba del banco; declaración ponderada en su globalidad; falta de monitoreo |
| Corte Suprema, Rol N° 14.463-2026 | 31 de agosto de 2026 | Itaú | Digitó un código en una estafa telefónica | Rechaza la demanda (invalidación de oficio) | Estafa sofisticada no advertida; valoración parcial del testimonio |
| Corte de Santiago, Rol N° 305-2024 | 19 de octubre de 2026 | Banco de Chile | Desconoció un cargo de $5.793.841 | Rechaza la demanda y ordena restituir el exceso sobre 35 UF | Sin alertas pese a monto, IP y destinatario inhabituales |
| Corte de Santiago, Rol N° 2507-2022 | Informado en marzo de 2025 | No informado | Reaccionó tarde al bloqueo de su aplicación | Acoge la demanda | Aviso tardío y sin pedir bloqueo |
| Corte de Santiago, Rol N° 3496-2024 | Informado en junio de 2025 | No informado | Ingresó sus claves en una página falsa | Acoge la demanda | Claves entregadas, sin falla del banco |
Actualizaremos esta tabla a medida que se publiquen nuevas sentencias.
¿Cómo llega un caso a la Corte Suprema?
Por una vía estrecha, y eso explica la forma que toman estos fallos.
El procedimiento ante los Juzgados de Policía Local está en la Ley N° 18.287. Su artículo 32 solo permite apelar de las sentencias definitivas y de las resoluciones que hacen imposible continuar el juicio, en un plazo de cinco días, y la apelación la conoce la Corte de Apelaciones. El artículo 38 excluye la casación en los juicios de Policía Local.
Contra el fallo de la Corte de Apelaciones queda el recurso de queja del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales. No es una tercera instancia: procede solo contra sentencias definitivas o interlocutorias que ponen término al juicio y que no admiten otro recurso, y exige demostrar que los jueces cometieron una falta o abuso grave al dictarlas. En el caso de Banco Santander, la Corte Suprema consideró que invertir la carga de la prueba constituía una falta de esa gravedad.
El mismo artículo deja a salvo la atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias. Así ocurrió en el caso de Banco Itaú: la Corte rechazó la queja, pero invalidó igualmente la condena. Con dos votos en contra justo en ese punto, es una herramienta excepcional con la que no conviene contar.
¿Qué hacer si el banco lo demanda?
- No dejar pasar la notificación. El procedimiento es breve y los plazos, cortos. La forma más segura de perder es no contestar.
- Relatar los hechos completos desde el inicio. Si el juez debe ponderar la declaración en su globalidad, el reclamo, la declaración jurada y la denuncia penal son la base de la defensa. Conviene que cuenten todo: lo que se hizo, pero también lo que no se entregó, cuándo se advirtió el problema y cuándo se avisó.
- Pedir los registros del banco. Las alertas que generó o no generó su sistema de monitoreo, las direcciones IP y dispositivos desde los que se operó, si el destinatario era nuevo y si se envió la clave dinámica y a qué número. Es información que solo el banco tiene y que, como muestran estos fallos, muchas veces lo perjudica.
- Revisar la conducta posterior. El aviso oportuno y la solicitud de bloqueo pesan. Los casos que el banco gana suelen tener ahí su punto débil.
- Discutir cada operación por separado. Una transferencia puede quedar cubierta y otra no.
Un estándar exigente, por ahora
Los fallos no garantizan resultados: cada causa depende de su prueba, y los bancos también ganan. Lo que fijan es el punto de partida. La carga de probar la culpa grave es del banco, la declaración del cliente se lee entera, el engaño bien hecho no es negligencia inexcusable y el banco que no vigiló sus propios sistemas difícilmente puede reprocharle al cliente no haber vigilado los suyos.
Mientras el Congreso no cambie el estándar, esa es la regla con que se juzgan estas demandas.
Este artículo tiene carácter general e informativo y no constituye asesoría jurídica para un caso concreto. La normativa y la jurisprudencia citadas deben verificarse en su versión vigente antes de adoptar decisiones; salvo las dos sentencias de la Corte Suprema analizadas, los fallos se citan según las notas de prensa que los dieron a conocer. Si el banco lo demandó ante el Juzgado de Policía Local a propósito de un fraude, contáctenos para revisar su situación en nuestra área de Fraude Bancario.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la culpa grave en un fraude bancario?
Es la del artículo 44 del Código Civil: no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Es el grado más alto de negligencia y en materias civiles equivale al dolo. La Ley N° 20.009 solo libera al banco de restituir cuando acredita dolo o culpa grave del usuario; un descuido menor no alcanza.
¿Quién tiene que probar la culpa grave, el banco o el cliente?
El banco. La Corte Suprema lo reiteró en dos fallos de 2026 (Roles N° 55.219-2025 y 14.463-2026): en los fraudes, las reglas sobre la carga de la prueba operan de manera distinta a las reglas generales, y el banco solo se libera de restituir si acredita el dolo o la culpa grave del usuario. Exigir al cliente que demuestre su propia diligencia es invertir esa carga.
¿Apretar un link de un mensaje de texto es culpa grave?
No por sí solo. En la causa Rol N° 55.219-2025, fallada el 6 de octubre de 2026, el cliente había pinchado un link recibido por mensaje de texto, pero negó haber entregado sus claves y su tarjeta de coordenadas. La Corte Suprema reprochó que se construyera la negligencia sobre el solo reconocimiento del link, omitiendo el resto de su declaración, y confirmó el rechazo de la demanda del banco.
¿En qué casos gana el banco la demanda de culpa grave?
Cuando prueba algo más que la intervención del cliente en la operación. En los fallos publicados, el banco ha ganado cuando el usuario ingresó sus claves en una página falsa y un informe técnico descartó fallas del banco, cuando permitió que un tercero usara su tarjeta y sus claves, o cuando advirtió anomalías y tardó días en reaccionar, sin pedir el bloqueo de sus medios de pago. En el Juzgado de Policía Local de San Carlos, 3 de 90 demandas fueron acogidas.
¿Por qué estas causas llegan a la Corte Suprema por recurso de queja?
Porque en los juicios de Policía Local la sentencia definitiva solo se apela ante la Corte de Apelaciones y la Ley N° 18.287 excluye la casación. Contra el fallo de la Corte de Apelaciones queda el recurso de queja, que exige una falta o abuso grave de los jueces. Aunque la queja se rechace, la Corte Suprema puede invalidar de oficio la sentencia en ejercicio de sus facultades disciplinarias, como hizo en el caso de Banco Itaú.
¿Qué hago si el banco me demandó por culpa grave?
No dejar pasar la notificación y preparar la defensa desde los hechos completos. Conviene que el reclamo, la declaración jurada y la denuncia relaten todo lo ocurrido, también lo que favorece al cliente, y pedir en el juicio los registros del banco: alertas generadas, direcciones IP, dispositivos y envío de claves dinámicas. El plazo para apelar la sentencia del juzgado es de cinco días.